El gobernador de Salta, junto a sus pares de Jujuy y Catamarca, desembarca este martes en Diputados para destrabar inversiones por 10.000 millones de dólares.
La presencia de Gustavo Sáenz en las comisiones de la Cámara Baja no es un hecho protocolar, sino una movida estratégica para modificar el marco ambiental vigente. El mandatario busca redefinir los alcances de la Ley 26.639, argumentando que la normativa actual genera «inseguridad jurídica» para los proyectos de litio en la Puna.
El eje del conflicto radica en la protección del ambiente periglaciar, que según los gobernadores del «Triángulo del Litio», limita el desarrollo de emprendimientos mineros por ambigüedades en su delimitación. Salta apuesta fuerte al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante el cual ya proyecta capitales récord. Entre los planes más avanzados se destaca el proyecto Rincón de la firma Rio Tinto, con una inversión de 2.700 millones de dólares, y el emprendimiento Diablillos. Para el saencismo, la reforma de la ley de glaciares es el paso final para consolidar a la provincia como actor clave de la transición energética global.
Mientras el sector empresarial celebra la previsibilidad, organizaciones ambientales advierten que relajar los controles sobre las reservas de agua estratégica podría tener consecuencias irreversibles.
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